La legalidad y la legitimidad son conceptos estrechamente relacionados pero distintos que juegan un papel fundamental en la democracia y el estado de derecho. Si bien la legalidad se refiere al cumplimiento de las normas establecidas, la legitimidad implica la aceptación y el reconocimiento de esas normas por parte de la sociedad.
Diferencias clave
Legalidad:
Se mide objetivamente mediante la conformidad con las leyes vigentes.
Garantiza el orden y la previsibilidad en la sociedad.
Puede coexistir con la injusticia o la discriminación.
Legitimidad:
Es subjetiva y se basa en la percepción de justicia, equidad y dignidad humana.
Confirma que el poder se ejerce con el consentimiento de los gobernados.
Puede desafiar leyes injustas o ilegítimas.
Interrelación y paradojas
La legalidad y la legitimidad no son conceptos mutuamente excluyentes. Pueden coincidir, divergir o tener grados variables de convergencia. Sin embargo, es esencial comprender sus distinciones para evitar paradojas y abusos de poder:
Legalidad sin legitimidad: Leyes injustas o discriminatorias pueden ser legales pero carecen de legitimidad moral.
Legitimidad sin legalidad: Acciones justas pero ilegales pueden ser legítimas en términos morales pero violar las normas legales.
Divergencia: Acciones ilegales e inmorales, como la corrupción o la tortura, carecen tanto de legalidad como de legitimidad.
El papel de la equidad
La equidad juega un papel crucial en la reconciliación de la legalidad y la legitimidad. Permite a los operadores jurídicos adaptar las normas a situaciones concretas, garantizando soluciones justas incluso cuando la norma escrita podría resultar injusta. La equidad se manifiesta en principios generales que informan el ordenamiento jurídico y guían la aplicación de las leyes.
Ejemplos de la vida real
Propiedad de bienes: Si bien es legal que los funcionarios públicos posean bienes de contratistas del gobierno, puede ser ilegítimo si los contratistas obtienen beneficios indebidos del gobierno.
Investigación de la desaparición de estudiantes: Es legal que la Procuraduría General de la República determine la ejecución de estudiantes basándose en pruebas limitadas, pero es ilegítimo si no se agotan todas las vías de investigación.
Consultas públicas: Es legal que la Suprema Corte impida las consultas públicas, pero es ilegítimo negar a los ciudadanos el derecho a participar en la toma de decisiones sobre su gobierno.
Comprender la distinción entre legalidad y legitimidad es esencial para garantizar la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas en las acciones gubernamentales. Si bien la legalidad establece límites legales, la legitimidad implica una obligación moral y ética. En última instancia, es a través de la búsqueda incesante de ambos que podemos construir sociedades verdaderamente justas y democráticas.
